Presos por las dudas: Entran por una puerta y no salen por la otra

Al contrario de lo que afirman los grandes medios de comunicación y violando un derecho fundamental que indica que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en las cárceles bonaerenses más de 20 mil personas están presas sin condena. Otros datos alarmantes indican que en estas unidades muere un detenido cada 3 días y que todos los presos tienen un factor en común: son pobres.

“La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”. Anatole France, escritor Francés (1844-1924).

En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires hay 27.500 personas detenidas (24.500 en cárceles y 3 mil en comisarías), lo que representa el 60% de los presos de todo el país. 21.725 de ellas (el 79%) tiene prisión preventiva, lo que indica que, al contrario de lo que señala nuestra Constitución Nacional, para la Justicia bonaerense más de 20 mil personas son consideradas culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Las estadísticas también señalan que en el  40%  de los casos con prisión preventiva los detenidos suelen ser absueltos. Lo que representaría que por lo menos hay 8 mil  personas detenidas a las que no se les va a poder demostrar ningún grado de culpabilidad y, sin embargo, tendrán que pasar entre 2 y 3 años presos.

En la actualidad, Argentina tiene aproximadamente 52 mil personas detenidas. Lo que indica que cada mil habitantes uno está preso, un número que supera ampliamente la media Europea y que es uno de los más altos de América Latina. A pesar de todos estos datos, los grandes medios de comunicación siguen instalando la idea de que en Argentina nadie va preso y que quien atenta contra la propiedad privada entra por una puerta y sale por la otra.

Otros datos no menos alarmantes tienen que ver con las condiciones en que están los detenidos. Cárceles sobrepobladas, sin ningún mantenimiento, con sistemas cloacales totalmente desbordados, condiciones de insalubridad sumadas a un marco de violencia sin control por parte de un Servicio Penitenciario que continúa con prácticas de la dictadura, combinación que da como resultado que, en estas unidades donde se supone que el Estado debe controlar y también  proteger a quienes allí encierra, muera una persona cada 3 días.

Los especialistas aseguran que nuestro Poder Judicial no es ciego y mucho menos justo, ya que  casi el total de los detenidos pertenecen a los sectores más desposeídos. También remarcan que esto no se da porque los sectores de mejor nivel económico no delincan, sino porque “nuestra Justicia está hecha para castigar al  ladrón de gallinas y no al de guante blanco”.

Culpables de ser pobres

Roberto Cipriano García es el coordinador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, basado en su experiencia cotidiana de inspeccionar lugares de encierro asegura que “la cárcel ha perdido el sentido que tenía como lugar donde una persona iba a resociabilizarse. Hoy las cárceles son depósitos para los sectores excluidos de la población que no tienen posibilidad alguna de reinsertarse en la sociedad”.

“El 99,9 % de las personas que están en las cárceles pertenecen a los sectores excluidos de la población –asegura García -,  son desocupados y en su mayoría jóvenes, el promedio de edad en las cárceles argentinas está hoy en los 23 años; y un detalle que nos es menor: todos son morochos. En todos estos años que llevamos recorriendo las cárceles no hemos encontrado una sola persona rubia, de ojos celeste y muchos menos un ladrón de guante blanco”.

La prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada. El promedio de detención en prisión preventiva en la provincia es de 3 años y medio. García asegura que esto hace que muchas veces se recurra a figuras extorsivas con el detenido como es el juicio abreviado donde algunos presos se declaran culpables aunque no lo sean y como llevan 3 años detenidos ya cumplieron con la pena y se van. “Es tan inhumano lo que se vive allí adentro que lo único que les importa es salir, y se declaran culpables aunque no lo sean. Realmente allí la vida no vale nada y un día más que se pase adentro es un día más que se están expuestos a  morir”, afirma.

Manuel Fasano, secretario general adjunto de la Asociación  Judicial Bonaerense, también remarca la inequidad del Sistema Judicial al asegurar que “en las cárceles de la provincia de Buenos Aires el 75% de los detenidos son chicos de menos de 30 años y  la mayoría pertenecen al segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense, tienen una escolaridad muy baja o directamente no fueron nunca a la escuela, y fueron defendidos en más del 90% de los casos por defensorías oficiales y no por un abogado particular (cada defensoría representa a más de 900 detenidos). Todos estos datos nos indican que la persona que está presa hoy por hoy es el excluido social del modelo del ´90, el pobre”.

“La principal  ausente es la Justicia, pero la Justicia Social”, asegura Fasano y luego agrega que “la falta de Justicia Social es el desencadenante de todas las inseguridades ya sean de los bienes o de las personas. La población carcelaria era la más chica en proporción cuando hubo pleno empleo. En nuestro país durante los ´90 se destruyeron los oficios, las escuelas técnicas, y todo lo que tiene que ver con la educación y el trabajo. Ahora se ven las consecuencias de todo eso y los que más se quejan fueron los más beneficiados durante esa época”.

Bienvenidos al infierno

Durante el año 2008 murieron 105 personas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas por causas traumáticas. Los  datos que brinda el propio Servicio Penitenciario indican que durante ese año acontecieron 6800 hechos de violencia.

El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo de control que inspecciona los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires: cárceles, hospitales psiquiátricos, comisarías, institutos de menores, etc. Sus miembros realizan entrevistas confidenciales con los detenidos y en caso de ser necesario inician expedientes que derivan en una presentación judicial (los teléfonos para hacer denuncias 427-4966 y el 483-1737).

En la actualidad el Comité tiene más de 6 mil expedientes. Durante 2008 se presentaron 780 habeas corpus la mayoría por agresiones que recibieron las personas detenidas y por el agravamiento de enfermedades que serían tratables si las personas estuvieran en libertad.

Su coordinador Cipriano García asegura que “la tortura es una práctica sistemática del Servició Penitenciario. Prácticas que continúan desde la dictadura hasta nuestros días. El Servicio Penitenciario es un a fuerza militarizada que además tiene una impunidad muy grande. Un claro ejemplo de ello es que los casos de las personas que mueren por enfermedades y que fueron abandonadas sin recibir los tratamientos adecuados, no son investigados. Ni siquiera hay responsabilidad por omisión de los funcionarios médicos o penitenciarios. Lo más burdo es que  el 70% de la causas por muertes traumáticas son archivadas sin ningún tipo de investigación. La Justicia no investiga las muertes dentro de las cárceles”.

García también afirma: “no sólo conocemos casos de miembros del Servicio Penitenciario que han matado personas, sino también la delegación de esa violencia en el detenido. El Servicio negocia con ciertos detenidos para que a cambio de algún beneficio que esa persona necesita vaya y apuñale a otro. Entonces de esa manera el Servicio se exime de toda responsabilidad”.

En una democracia la responsabilidad de cuidar a las personas que están privadas de la libertad es del Estado. Las personas no están detenidas para perder todos sus derechos, mucho menos su dignidad personal o poner en riesgo su vida.

García asegura que “hay unidades en las que el Servicio tiene una presencia importante de agentes  y por lo general la violencia es ejecutada por estos mismos agentes; en otras el Servicio delega el mantenimiento del orden de un  pabellón en una figura que se denomina ´limpieza`, que es uno de los detenidos que el Servicio habilita dándole un carnet para que controle ese pabellón. Por supuesto esto genera disputas internas en el pabellón. Un caso paradigmático es el de Olmos, que es la unidad más grande del Sistema con 1.800 detenidos y para custodiarlos hay 18 guardias por turno. Esto lo que da cuenta es que el Servicio no puede prevenir ninguna situación de conflicto y lo que sucede es que se delega el ejercicio del control en esos ´limpiezas` y el Servicio, cuando se desata un conflicto, entra disparando balas de goma que es la forma que tienen de reprimir. En los propios informes que el Servicio les suministra a los jueces se señala que durante el 2008 entró reprimiendo en algún pabellón en 1300 oportunidades, un promedio de 4 hechos de represión por día”.

El lamentable papel de los medios

En la actualidad los medios de comunicación han hecho una feroz campaña para amplificar la sensación del crecimiento del delito. En ese sentido en recientes declaraciones televisivas el periodista del diario Crítica de la Argentina, Martín Caparrós, aseguró que “el espacio que los diarios le dan al tema de la inseguridad creció 5 veces más de lo que las estadísticas demuestran que creció el delito”.

La sociedad está muy atravesada por los diversos discursos y los grandes medios han decido hacer hincapié en aquellos más reaccionarios. Por tal motivo, Fasano señala: “hay dos personas que en la actualidad encabezan el pedido de pena de muerte, Moria Casán y Susana Giménez, esta última día a día vemos que está implicada en temas como el contrabando de autos, estafas, y ahora se sospecha que el novio está involucrado con el tráfico de drogas. Estas mismas personas  nunca hicieron tantas películas como en la época de la dictadura. Pero mientras desaparecían miles y miles de personas ellas nunca hablaron de inseguridad”.

Los medios marcan una agenda de prioridades y muchas veces la sociedad responde a ellas. “No existe dentro de la estructura judicial un tribunal específico para delitos económicos –asegura Fasano-. La urgencia del trámite penal trabaja sobre la inmediatez, o sea, sobre lo que más sale en los diarios. Pero para los delitos económicos no existe un sector específico que pueda abordarlos. No hay mecanismos específicos para los ladrones de guante blanco porque parece que eso no es inseguridad. Lo inmediato nos hace no ver lo necesario. Nosotros tenemos una estructura para el ladrón de gallinas y no para el delincuente de verdad”.

Ningún pibe nace chorro

Los especialistas indican que también se ha dado un deterioro muy importante en las condiciones de detención de los chicos y aseguran que “lo único que se hace es contribuir a una carrera que lo va a llevar inevitablemente a la cárcel” ya que más del 80% de los pibes que hoy están en las cárceles pasaron por institutos de menores.

Al respecto García remarca que “en estos últimos 2 años aumentó exponencialmente el número de jóvenes detenidos y con eso no se solucionó nada. Sólo se ha provocado más hacinamiento. Incluso se detienen chicos en lugares clausurados judicialmente”. Uno de esos casos es el del Instituto Malvinas Argentinas en el que en un pabellón donde las cloacas no funcionaban, se desbordaban permanentemente y había sido clausurado por la Justicia, el Estado provincial siguió alojando chicos.

“Los golpes y las torturas también se han hecho algo cotidiano para los pibes –agrega-. En muchos casos suelen estar encerraos 22 horas por día dentro de su celda. Es muy difícil pensar que con ese tipo de panoramas los pibes puedan reflexionar y responsabilizarse como plantea el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que se supone está hecho para que la persona entienda el sentido y la responsabilidad del hecho que cometió y no vuelva a hacerlo”.

En igual sentido, Fasano remarca que “la sociedad no se hace cargo de que el menor que delinque también es producto de esa sociedad. Sólo quieren que lo encierren”.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni en declaraciones al programa Palabras más, palabras menos de TN y en referencia al reclamo de la baja de la imputabilidad señaló que en la actualidad “desde los 16 años los menores son responsables según nuestra legislación”, que “es falso que haya menores involucrados en delitos graves” y agregó que “menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires sólo hay dos (2) en los últimos 5 años”.

Desde el 2003 el Estado Nacional está adherido al Protocolo Facultativo Para la Prevención de la Tortura. Este instrumento internacional tiene rango constitucional, es decir obliga al Estado a generar organismos de control de estos lugares de encierro que sean independientes del propio Estado. En la actualidad tanto la Provincia como la Nación se encuentran en mora ya que la fecha tope para la creación de estos mecanismos independientes era julio de 2006.

 



Este artículo fue publicado originalmente en revista 2010Dozmildiez