El brazo mediático-judicial: Argentina (Parte III)

El ataque contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, articulado por los grandes medios y sus hombres en los juzgados, intenta encubrir la causa contra el actual presidente Macri y condenar un proceso político de recuperación de derechos económicos, culturales y sociales.

Por Héctor Bernardo

Al igual que en Brasil, contra la presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, el ataque de los sectores del poder económico implementa en Argentina la utilización estratégica de su brazo mediático-judicial.

Como ya se hizo referencia en otras ocasiones, la estructura es siempre la misma: primero, la demonización mediática; luego, la intervención de fiscales de dudosa trayectoria que presentan denuncias con poco sustento lógico y casi sin prueba alguna; acto seguido, jueces de conocida cercanía a los monopolios mediáticos y a los poderes económicos cierran el círculo.

Primero los medios

En Argentina, eso se vio con claridad. Desde que comenzó el enfrentamiento entre el grupo monopólico Clarín y el Gobierno kirchnerista, empezaron las denuncias periodísticas, una tras otra. Ninguna de ellas tuvo sustento legal.

Luego, el Grupo sumó al periodista Jorge Lanata a sus filas como una de sus principales piezas para esta operación. Como bien lo definió el filósofo Fernando Buen Abad, Lanata es un “calumniador serial”. Una tras otra, las denuncias de este operador mediático fueron desmentidas, muchas veces por voces como los programas TVR, Duro de Domar o 678. Espacios que, desde que asumió Macri, fueron censurados.

En una entrevista publicada en el periódico La Estrella de Panamá y replicada en Argentina por el sitio web El destape, Ramón Fonseca Mora, socio fundador de la firma Mossack Fonseca, involucrada en los Panama Papers, vinculó al periodista Jorge Lanata con el titular de uno de los fondos buitre, Paul Singer. Fonseca aseguró que “Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos”. Y luego agregó: “Nos trajo a Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó. Creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá”.

Muchas veces el Gobierno kirchnerista se confundió y se prestó a que lo involucraran en situaciones que fueron golpes duros para su prestigio. Con la operación que los grandes grupos mediáticos armaron alrededor de la denuncia de Alberto Nisman, que no tenía ningún sustento legal y que se cayó rápidamente, los representantes del Gobierno salieron a criticar duramente al fiscal, que luego apareció muerto y fue fácil para Clarín y sus escribas empezar a instalar en la opinión pública que si el Gobierno había criticado a Nisman y este había aparecido con un tiro en la cabeza, no se trataba de un suicidio.

Los vínculos del fiscal Nisman con los servicios de inteligencia de Estados Unidos (CIA) y de Israel (Mossad), sumados al nivel de corrupción al que había llegado el entonces encargado de la Causa AMIA, que se quedaba con parte del sueldo de uno de sus empleados y el ex agente del servicio de inteligencia argentino (en ese momento enfrentado con la conducción del Gobierno), Antonio Horacio Stuiso, no tuvieron la menor importancia para el grupo monopólico. Mucho menos el vínculo que tenía Nisman con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, militante del PRO, miembro de la ONG UnoAmerica, y de la otra militante del PRO y hoy titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Tanto en el caso de Alonso como en el de Bullrich, han sido denunciadas en reiteradas oportunidades sus cercanías a la CIA y al Mossad.

Nadie en el Grupo Clarín se preguntó públicamente quién ganaba y quién perdía ante la muerte de un fiscal que había presentado una denuncia sin ningún sustento lógico y cuyas pruebas eran, casi en su totalidad, artículos de diarios del propio Grupo y meras especulaciones.

Cristina Fernández de Kirchner era vista por Clarín, y querían que el resto del país la viera de esa forma, como la suma de todos los males. Según sus denuncias, la entonces presidenta era una corrupta, tenía vínculos con el narcotráfico, era soberbia, ineficiente y, además, mandaba a matar a quienes la denunciaban.

Muchas personas “compraron” ese discurso de odio. Un sector de la opinión pública no duda de que ninguna de las cosas que fueron sólo denuncias periodistas son un hecho real, aunque hasta ahora no se ha presentado una sola prueba concreta contra la ex presidenta.

El turno del Poder Judicial

Con el camino allanado por los medios de comunicación, entran en juego los sectores del Poder Judicial que responden a los mismos intereses concentrados de la economía. No es casual que todos los procesos populares de la región tuvieron duros enfrentamientos con los monopolios de comunicación y con los sectores de la Justicia vinculados a esos intereses. Lula y Dilma en Brasil, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Chávez en Venezuela y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina.

“A veces los Gobiernos populares son bastante ingenuos en esto”, señaló en una entrevista para Contexto el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. En aquella charla, titulada “Estamos en una versión del virreinato modelo siglo XXI”, el jurista, que en la actualidad es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró: “Lo que ha pasado en los últimos años, con la lamentable postergación de la vigencia de la ‘Ley de medios’, la impresionante presión del grupo monopólico Clarín sobre los jueces, la declaración de constitucionalidad trabajosamente obtenida después de nada menos que cinco años, los impedimentos posteriores para la adecuación del monopolio a la ley, hasta que finalmente el monopolio logró llevar al poder al actual virrey y desbaratar por vía de decreto la Ley de Medios, obteniendo en pago beneficios multimillonarios. Todo esto es una muestra de la ingenuidad política del campo popular en lo que hace al Poder Judicial y al manejo institucional”.

Este fin de semana se supo que el fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que incluya a Cristina Fernández de Kirchner en la investigación sobre Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. El fiscal Marijuán presentó el pedido con mucho apuro, dado que a las pocas horas viajaba a Estados Unidos, y la acusación se basa en los dichos de un supuesto arrepentido, Leandro Fariña, quien hizo esa confesión –casualmente– a las pocas horas de que imputaran al actual presidente Macri.

Al igual que en Brasil, con escuchas de una charla entre Dilma y Lula que el juez de la causa filtró a los medios de la Rede Globo, en Argentina, las declaraciones de un supuesto “arrepentido”, que son tomadas bajo secreto de sumario, aparecen en la portada del diario Clarín.

A todo esto se suma el hecho de que el miércoles 13 la ex presidenta deberá declarar ante el juez Claudio Bonadio.

Como bien señaló el periodista Raúl Kollmann en un artículo publicado en el matutino Página/12, la ex presidenta fue citada a declarar “con el dibujo de una asociación ilícita, en una causa donde no se investiga ningún hecho de corrupción y con la amenaza de detenerla”. Kollmann también remarcó el “paseo de cinco horas al que fue sometido el empresario Lázaro Báez (principal acusado y mediante el cual se intenta vincular a la ex presidenta a la causa), detenido con el argumento de que no se sabía adónde iba con su avión privado, pero con todas las cámaras de televisión presentes en el aeropuerto de San Fernando al momento de su arribo”. Al igual que el show mediático que montaron en Brasil para detener a Lula y llevarlo a declarar.

El juez parece ansioso por ganarse el premio de empleado del mes del Grupo Clarín, pero ahora tiene competencia para ese premio: el fiscal Marijuán.

¿Cómo preparan el clima para el arresto?

En la semana que imputaron al actual presidente argentino, Mauricio Macri, desde el lunes 4 hasta el domingo 10, los titulares de Clarín dejaron en claro que no cesaría el ataque contra Cristina Fernández mientras mantienen su defensa a ultranza del actual mandatario.

La diferencia del trato a uno y otro fue evidente y alcanza con hacer un rápido repaso de los titulares del “Gran diario argentino”:

Lunes 4 de abril: “Mencionan a Macri en papeles secretos de paraísos fiscales”, y su foto principal era el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, esposado, bajo el título: “Los K toman distancia de Jaime y Báez se complica todavía más”.

Martes 5, el día después de que se conoció la existencia de una segunda empresa offshore no declarada por el presidente en Panamá: “Franco Macri desvinculó al presidente de la firma offshore”. Los tres siguientes títulos, con acusaciones a la ex presidenta, estaban bajo la volanta “Corrupción K”.

Miércoles 6, cuando se supo que al menos seis funcionario vinculados a Macri también tenían firmas offshore que aparecían en la investigación: “Detienen a Lázaro Báez, socio clave de los Kirchner”.

Jueves 7, bajo la volanta “Ruta del dinero K”: “Baéz se negó a declarar y el juez lo mantiene preso”. Ese día no hubo ni una sola referencia en tapa al escándalo internacional en el que está involucrado el presidente Macri.

Viernes 8, mientras los medios de todo el mundo titulaban que el presidente argentino había sido imputado, Clarín ponía como título principal de su portada: “Empresa offshore: Macri pide a la Justicia que aclare su situación”.

Sábado 9: “Fariña involucró a Cristina y dio pistas clave del dinero K”. La única referencia a la investigación Panamá Papers y al hecho de que el presidente esté involucrado y todavía no haya aclarado su situación fue el título en portada de un artículo de opinión del principal operador del multimedio, Jorge Lanata, cuya nota se llamaba “Macri, una offshore, y la vara demasiado alta”, artículo en el que trata de decir que el delito que podría haber cometido el presidente no es tan grave. En su artículo, ep pseudo periodista que, según se supo con la revelación de los WikiLeaks, fue a pedir dinero a la Embajada de Estados Unidos en Argentina para financiar la creación de su diario Crítica, explica que “Durante la turbulenta presidencia de Fernando de la Rúa se vivieron situaciones similares: era tan alta la vara promovida por el propio gobierno y aceptada por el público que resultaba imposible de cumplir para uno y otro”. En el artículo, además de justificar el despido de miles de trabajadores del Estado al asegurar que estamos en un país donde “La Cámpora toma a miles de empleados militantes”, asegura que “una mancha no se nota en un leopardo y resalta en una oveja”. Por supuesto, para Lanata, Macri es la oveja que tiene “una pequeña mancha”. “Varas tan altas que nadie puede saltar”, asegura con total cinismo quien dice que “En el viejo estilo (en referencia al gobierno kirchneristas) hubo incluso gestiones oficiales para ‘operar’ sobre los diarios y ‘darle menos entidad’ al tema”. Se ve que Lanata no ha visto la tapa de Clarín de los últimos días –o de los últimos años–.

Domingo 10, a diferencia del día en que imputaron a Macri, la denuncia de un fiscal contra CFK es título de tapa: “La Justicia imputó a Cristina Kirchner por lavado de dinero”. El resto de los título fueron referidos al mismo caso, a excepción del único título que se refiere al gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, en el que se anuncian nuevos “créditos hipotecarios”.

Cabe recordar que Mauricio Macri está imputado a raíz de la investigación de Panamá Papers, en la que sólo doce presidentes en todo el mundo están involucrados (uno de los cuales ya tuvo que renunciar a consecuencia de este hecho), y que el mandatario argentino es el único de Sudamérica que aparece mencionado en los documentos revelados.

La verdad final

Lo que se esconde realmente detrás del intento de enjuiciar a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no es sólo destruir la imagen de una de las mayores referentes de los procesos populares que surgieron durante el siglo XXI en la región. Es la condena a todo un proceso político. Es un aleccionamiento para todos los que se atrevan a enfrentarse al poder concentrado y sus representantes en los medios de comunicación. Se pretende ensuciar un proceso político de recuperación de derechos económicos, sociales, materiales y simbólicos. Una condena contra Cristina Fernández sería un mensaje a todos los políticos para “marcarles la cancha” y decirles hasta dónde pueden avanzar y hasta dónde no. Sería una demostración de que el poder no está en las urnas ni en el pueblo, sino en las manos de unos pocos que lo han ostentado a lo largo de la historia, los sectores que se hicieron poderosos durante la dictadura, siendo cómplices e ideólogos de las 30 mil desapariciones.

En declaraciones al diario Página/12, Jorge Capitanich, vicepresidente del PJ, señaló: “En la Argentina como en el sistema internacional existe lo que se denomina ‘democracia versus corporaciones’. Cuando las corporaciones pretenden establecer una estrategia de revanchismo político utilizan todas las herramientas desde el punto de vista comunicacional y judicial para atacar políticamente a un líder político que produjo cambios significativos en contra de sus propios intereses”.

El brazo mediático-judicial, una parte del poder concentrado de la economía, ha entrado en juego en Argentina. Su objetivo es que Cristina Fernández de Kirchner termine presa. Estará en el poder popular ver qué fuerza hay para ganar esta pulseada. Pero este enfrentamiento todavía tiene muchas batallas por librar.

Publicado originalmente en Diario Contexto (www.diariocontexto.com.ar)