LA VIDA SEGÚN MAURICIO

Publicado en por Héctor Bernardo

Un mandato signado por medidas autoritarias, enormes negociados inmobiliarios, la creación de la UCEP; el veto de leyes de Derechos Humanos; la Policía Metropolitana; los pedidos de represión; las escuchas ilegales; el discurso xenofóbico; “El Fino” Palacios, Ciro James, Abel Posse y tantos, tantos otros temas.

 

Por Héctor Bernardo

 

MacriMauricio Macri, líder político del Pro y jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha basado su construcción política en la creación de la imagen de un empresario exitoso que está más allá de las ideologías y que quiere “una Argentina para todos”. Pero, más allá de los slogans y el trabajo de los asesores de imagen, los gobernantes se miden por sus acciones.

Medidas polémicas y autoritarias, conflicto permanente con el sector docente, y con los estudiantes; enormes negociados inmobiliarios, creación de la UCEP para perseguir a cartoneros e indigentes;  veto de leyes de Derechos Humanos aprobadas por la Legislatura porteña; desprecio por los derechos de las minorías; los pedidos de represión; las escuchas ilegales; el discurso xenofóbico; “El Fino” Palacios, Osvaldo Chamorro, Ciro James, Abel Posse, etc., etc., etc.

La lista de medidas que Macri ha tomado como gobernante deja bien en claro cuál es su proyecto político y cuál su concepto de sociedad.

No está bueno Buenos Aires. Y cada vez pinta peor.

 

 

LA PATOTA ANTIPOBRES

 

La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) fue creada mediante el Decreto 1232/08 firmado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el 29 de octubre de 2008. Este organismo, que se suponía debía cumplir funciones como “remover elementos publicitarios que no se ajusten a la normativa vigente”, funcionaba realmente como un grupo para-policial que se dedicaba a realizar desalojos violentos, perseguir a cartoneros y hostigar a personas en situación de calle.

Catorce denuncias fueron presentadas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en octubre de 2009 junto a la Defensoría General y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un informe pidiendo la inmediata disolución de la UCEP.

Algunos de los testimonios que recopilaba el informe, y que por razones judiciales utilizan  sólo las iniciales de los testigos, ilustraban claramente cuál era el accionar de este grupo: “El señor J.E.A., párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, (…) señaló ante la Defensoría del Pueblo que el día 7 de octubre de 2008 en la zona de Constitución al 1000, siendo la 01:00 hora de la madrugada fue testigo de una agresión contra A.C.C., de 66 años de edad, quien se encontraba viviendo desde hacía ocho meses debajo de la Autopista 9 de Julio. El señor J.E.A. señaló que entre 20 ó 25 personas jóvenes y vestidos de negro quisieron sacar violentamente de su lugar de asiento al señor A.C.C pateando su endeble vivienda y propinándole un puñetazo en el estómago, al tiempo que lo amenazaban con cortarle el cuello con un instrumento cortante. También indicó que junto a esas acciones el señor A.C.C. fue amenazado con que debía salir de ese espacio en 24 horas so pena de ser incendiado el lugar”.

Otro de los testimonios, de una mujer que estaba embarazada de cinco meses al momento del desalojo, señalaba que “el día 1º de octubre de 2009 a la 1.10 hs de la mañana se encontraba en Pasco al 1300...donde vive. Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas por todos lados...después le pegaron entre varios...le sacaron su colchón, un asiento que tenía. Con todos los golpes que le dieron se cayó y se dio la cara contra el piso. Luego la empezaron a manosear entre mas o menos 10 integrantes de la UCEP”.

El informe concluía que “la UCEP actúa como una fuerza para-policial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la Ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social. El uso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace de la UCEP resulta violatoria de principios constitucionales básicos estructurales del Estado de derecho y afecta derechos humanos fundamentales de las personas vulnerables”.

Luego de esta presentación y de una serie de denuncias, el 29 de octubre de 2009, el juez Roberto Gallardo prohibió que la UCEP actúe en  desalojos y ordenó se abstenga de intervenir en “acciones que involucren a menores e incapaces”. A consecuencia de ello  el 5 de noviembre de 2009 el gobierno porteño tuvo que disolver  el organismo.

 

 PARA MUESTRA SOBRAN BOTONES

 

 La Policía Metropolitana, que podría entrar en funciones en los primeros meses de este año, es la carta fuerte con la que Mauricio Macri quiere conquistar al electorado, mostrándose como el ícono de la lucha contra la “inseguridad”.

Para su creación el jefe de Gobierno porteño recurrió a viejos conocidos y puso al frente de ese organismo a su antiguo jefe de seguridad en el Club Atlético Boca Jrs.: Jorge Alberto “El fino” Palacios.

Según Macri, Palacios tenía una excelente foja de servicios. Pero esa excelente foja era más bien un terrible prontuario. Entre las imputaciones que se le hacían al por entonces jefe de la Metropolitana estaban: haber sido denunciado por un Fiscal por su participación en el encubrimiento del atentado a la AMIA (que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos); haber estado involucrado en la represión de 19 y 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo; haber sido echado de la Policía Federal por sus vínculos con los asesinos de Axel Blumberg; haber formado parte de la policía genocida en "Coordinación Federal" durante la última dictadura militar y reivindicar el terrorismo de Estado en su libro “Terrorismo en la Aldea Global”.

Luego de que distintos grupos mostraran su disconformidad y realizaran varias protestas y denuncias, a pesar de la resistencia del jefe de Gobierno porteño, Palacios tuvo que renunciar. Pero, mostrándose coherente en su modo de razonar, Macri eligió como nuevo jefe de la Metropolitana a Osvaldo Chamorro.

Cuando el caso del espía porteño Ciro James salió a la luz, el juez federal Norberto Oyarbide hizo secuestrar la computadora del jefe de la Policía Metropolitana. Allí se encontraron datos sobre dirigentes de la oposición, legisladores y hasta del propio jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Fue entonces que al ministro Guillermo Montenegro tuvo que pedirle la renuncia a Osvaldo Chamorro para poner en su lugar a Eugenio Burzaco, quien señaló recientemente que esta entidad saldría a perseguir fuertemente a los cuidacoches y a quienes limpian los vidrios de los autos en los semáforos.

Pero el derrotero de la Metropolitana no se terminó allí. Según denunciaron recientemente los diarios Miradas al Sur y Página/12, la Policía Metropolitana habría sido “infiltrada” por los servicios de inteligencia de la Marina, y esa infiltración habría tenido el visto bueno del propio ministro Motenegro.

En el artículo titulado “La Metropolitana es un puerto deseado por el Servicio de Inteligencia Naval” los periodistas Ricardo Ragendorfer y Walter Goobar, del dominical Miradas al Sur, señalan que “Un dato muy llamativo es que la mayoría  de los marinos asimilados a la Metropolitana habían prestado servicios en el área de Inteligencia Naval”.

En un razonamiento casi incuestionable, estos periodistas se preguntan para qué una policía que se supone se va a dedicar a combatir contravenciones necesita “infantes de Marina, cuyo adiestramiento se basa en el combate cuerpo a cuerpo, en ocupación de locaciones y en el manejo de explosivos”.

En dicho artículo se recuerda que además de que Montenegro es  “hijo del capitán de navío que en la actualidad se desempeña como director de Maestrías del Instituto Universitario Naval”, muchos de los reclutados son ex compañeros suyos del Liceo Naval.

A esto debe sumarse el hecho de que recientemente el gobierno porteño compró, para equipar a los hombres de la Metropolitana, pistolas Taser, que disparan dos dardos que producen una descarga eléctrica de alto voltaje. Cabe recordar que fue la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que cuestionó el uso de estas pistolas por considerarlas una herramienta de tortura y Amnistía Internacional exigió al gobierno porteño que suspenda su uso. A pesar de esto el ministro Montenegro defendió la adquisición.

La línea de hombres elegidos por Mauricio Macri para comandar la Policía Metropolitana y el perfil del resto de los integrantes que la componen, sumando a las diversas declaraciones y actitudes del ministro Montenegro no hacen otra cosa que confirmar las sospechas que muchos sectores tiene acerca de cómo va a ser la policía de Macri: un ente represivo sumamente violento que pretende la criminalización de la pobreza y de la protesta social, la represión de los cortes y todo tipo de manifestaciones para el adoctrinamiento social.

 

 

 MACRI VS. EL ESTADO

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen sólo 4 hospitales dedicados a la Salud Mental: los neuropsiquiátrico Torcuato de Alvear, Tobar García,  José Tiburcio Borda y Braulio Moyano. Estos 2 últimos son los más grandes y albergan al 95% de las personas internadas por problemas mentales. Solamente el Borda recibe 200 mil consultas anuales y tiene más de mil personas internadas. Más allá de todos estos datos, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció que planea cerrar los hospitales Borda y Moyano en los próximos dos años y remplazarlos por 10 clínicas de 50 camas cada una (lo que representa un total de 500 camas, la mitad de las que brinda el Borda).

Detrás de la decisión del jefe de Gobierno porteño de cerrar estos dos hospitales psiquiátricos no sólo se encontraría una visión retrograda y despectiva sobre de la Salud Mental. Combinada con el desprecio que Mauricio Macri ha demostrado por el rol que el Estado debe cumplir en la sociedad argentina, existiría la intención de generar un gran emprendimiento inmobiliario al reutilizar los valiosísimos terrenos que hoy pertenecen al Borda y al Moyano.

Estos dos hospitales ocupan predios que tienen alrededor de 15 hectáreas cada uno y están ubicados en el barrio de Barracas, una zona muy codiciada por gran número de inmobiliarias. En los últimos tres años los precios en la zona subieron hasta alcanzar la cifra de 2 mil dólares el metro cuadrado. Muchos aseguran que el Gobierno porteño pretende hacer allí un nuevo Puerto Madero.

Los especialistas sostienen que el gobierno de Macri ha agravado la crisis que vive el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aseguran que al permanente deterioro de los edificios, la falta de personal y de equipamiento adecuado, el Gobierno porteño agregó un desastroso sistema de abastecimiento. Al centralizar la compra de insumos, demoró las cirugías previstas por cada hospital y los condenó a la continua falta de materiales para atender a los pacientes. Hoy muchas guardias no pueden trabajar correctamente por no contar con los elementos necesarios. A esto se le suma una deliberada desinversión en el área que manifiesta la indiferencia de la gestión de Macri frente a la salud de quienes no poseen recursos para atenderse en clínicas privadas.

En este sentido Miguel Sánchez, secretario general adjunto de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Borda, señaló: “En los 33 hospitales de la ciudad faltan insumos, falta personal. El gobierno porteño aplica políticas que no responden a las necesidades de la gente”.
Sánchez agregó que “Macri está acostumbrado a manejar negocios, no entiende que el Estado está para brindarle un servicio a la sociedad. Por eso la mirada que él tiene sobre la Salud es la del  negocio privado”.

Las políticas de Salud implementadas por Macri no hacen más que seguir acentuando la diferencia entre ricos y pobres. Mientras que en la zona norte de Ciudad de Buenos Aires la mortalidad infantil es del 5 por mil, en los barrios de la zona sur (la zona más pobre) llega a casi al doble.

La lista continúa. Han quedado fuera de esta revisión la designación en el Ministerio de Educación, de Abel Posee (un hombre que defendía abiertamente la última dictadura militar); el veto de cuatro leyes vinculadas a los Derechos Humanos aprobadas por la Legislatura de la Ciudad; el espionaje del que fueron víctimas opositores políticos, dirigentes sociales y gremialistas; el desprecio por los derechos de la minorías; el conflicto permanente con el sector docente y con los estudiantes, sus dichos xenófobos y el reciente conflicto en Villa Soldati, la sub ejecución de lo presupuestado para viviendas sociales (este año sólo se uso el 18% de lo presupuestado); etc., etc., etc.

Pequeñas y grandes muestras de cuál es el tipo de sociedad que pretende Mauricio Macri.

Las ideologías presentes en cada acción de gobierno no se pueden tapar con slogans. Relucen como destellos en la oscuridad y dejan ver el verdadero rostro de los hombres.

 

 Publicado originalmente en revista 2010Dosmildiez

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:

Comentar este post